El miembro de la Cámara de Representantes de Filipinas Ricardo S. Cruz Jr. ha presentado un proyecto de ley destinado a prohibir todas las formas de juego en línea en Filipinas.
El proyecto de ley 7689 establece una prohibición total de todas las formas de juego en línea en Filipinas. También prevé penas de hasta seis meses de prisión o una multa de hasta 500.000 pesos filipinos para quien apueste en línea.
El proyecto de ley también establece que el presidente, el director, el gerente y los socios de una persona jurídica implicada en apuestas en línea pueden ser condenados a penas de hasta cinco años de prisión o a una multa de hasta 500.000 pesos filipinos. Además, cualquier funcionario o empleado del sector público que se dedique a las apuestas en línea o las promueva podría enfrentarse a graves consecuencias, como el despido del servicio público y la prohibición de ocupar cualquier cargo público o tener derecho a voto en el futuro.
En una exposición de motivos del proyecto de ley 7689 de la Cámara de Representantes, el diputado Ricardo S. Cruz Jr:
“Si bien ésta ha sido una forma de generar ingresos para el gobierno, no debe hacerse a expensas de arriesgar a nuestro pueblo, y mucho menos a los menores, a actividades que conducen a comportamientos adictivos, así como a un aumento de los problemas financieros y de salud mental, de los vicios y de los índices de delincuencia”.
Una propuesta en este sentido está actualmente pendiente de examen en la comisión del Senado.
La Philippine Entertainment and Gaming Corporation, responsable de supervisar las actividades de juego y apuestas por Internet, declaró unos ingresos diarios de unos 9 millones de pesos filipinos procedentes de establecimientos con y sin licencia.
El mes pasado, el senador Sherwin T. Gachalian pidió a los gobiernos locales que prohibieran los operadores filipinos de juego en el extranjero (POGO) para protegerlos de actividades delictivas. Destacó que algunas localidades que sirven de centros neurálgicos de los POGO, como Manila, Pasay y Parañaque, han empezado a cuestionar el impacto positivo de estos operadores de juego en línea, predominantemente chinos, en sus economías.
Como responsable de la Comisión de Medios y Arbitrios, el Sr. Gachalian mencionó que la ciudad de Pasig fue la primera en aprobar una ordenanza que prohibía el POGO porque los costes sociales superaban a los beneficios. Antes había presentado al pleno los resultados de la investigación de su comisión, afirmando que “el experimento del POGO no ha reportado al pueblo filipino los beneficios económicos prometidos“.
